En abril de 2001, Candela González (26) fue violada y golpeada en forma salvaje. Y su madre, María Elena Leuzzi (52), tuvo que enfrentarse de golpe a una realidad que desconocía, mientras la vida de su hija se aferraba a una cama de terapia intensiva. Ahora, cinco años después, las dos mujeres ya conocen del dolor de unas 4.300 víctimas que vivieron lo mismo.

María Elena es la presidenta de Ayuda a Víctimas de Violación (A.VI.VI.), la única ONG del país que se ocupa de asistir a chicas y chicos que fueron violados.

A.VI.VI. comenzó a funcionar el 24 de junio de 2003, un día después que un tribunal de San Isidro condenara a 28 años de cárcel —más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado— a Javier Emilio Posadas, el hombre que había violado a Candela, y a muchas otras mujeres.

Desde entonces A.VI.VI. asistió a un promedio de entre cuatro o cinco víctimas por día. Según cuenta María Elena, en el 80 % de esos casos se hicieron las denuncias y algunos ya fueron a juicio. La Justicia ya condenó a 25 violadores en distintas partes del país. "Al único que le dieron una condena ejemplar fue a Posadas. El resto recibió penas lamentables que no superan los seis años de prisión", afirma.

"El 20% de los 4.300 casos que asistimos fueron víctimas de violadores ocasionales. El resto fueron casos intrafamiliares. Es terrible, es como si viviéramos en un país incestuoso", cuenta.

La sede de A.VI.VI. es la humilde casa de María Emilia y Candela. Está en Sarratea y Carlos Casares, en Virreyes. Aunque próximamente (por una gestión de la Municipalidad de San Fernando) van a tener una oficina propia. "El teléfono puede sonar a cualquier hora. Y nosotras tenemos que estar listas para salir. Si la violación es acá en zona Norte, nos pasa a buscar un patrullero. Pero si nos llaman de otro lado tenemos que ir por nuestros propios medios", cuenta Candela.

Por orden del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, en todas las comisarías de la provincia hay un cartel de A.VI.VI. en el que figura el número de teléfono de la organización.

Cuando alguna de las dos llega a la comisaría y se encuentra con una chica que fue violada piden a los policías que las dejen a solas. "Primero les damos contención y después les sugerimos que es necesario que entreguen sus ropas para preservar los rastros. Luego las acompañamos a un hospital para que les hagan un hisopado y conseguir el ADN del atacante y también para que las mediquen contra la hepatitis B y el virus del sida", relatan madre e hija.

En el hospital también se aseguran de que la víctima no esté embarazada. "Tenemos que prevenir nuevos casos Tejerina (alude a Romina Tejerina, la chica jujeña que mató a su bebé concebido en una violación y que fue condenada a 14 años de prisión). Por suerte, de los 4.300 casos que asistimos, hasta ahora no hubo ningún embarazo", señala.

Después de formalizar la denuncia, A.VI.VI. asiste a la víctima con psicólogos debido al estrés postraumático que sufren. Para eso hay sesiones individuales, grupales, familiares y grupos de autoayuda que, muchas veces, son encabezados por Candela.

A la primera contención y la asistencia psicológica después se suma la asesoría legal. Como los delitos sexuales son de índole privada, si la víctima no insta a la acción no hay investigación.

"Tratamos de que todas las chicas violadas hagan las denuncias porque es la única forma de detener y luego condenar a un violador, dice María Elena. Además, A.VI.VI. tiene un grupo de abogados (lo encabezan Lucas Courtade y Gustavo Triensta) que colaboran con la ONG.

Para María Elena en el país debería haber fiscalías especializadas en delitos sexuales, un banco nacional de datos de ADN y cárceles sólo para violadores. "Esas —sostiene— serían buenas medidas para empezar a combatir el tema con seriedad".